El II Informe de Educa-system sobre el mercado de las clases particulares en España, presentado esta semana, confirma el extremo ya apuntado en la primera edición de este estudio: el 93% de las clases particulares se ofrecen de forma ilegal y suman ingresos por valor de 1.800 millones de euros al año, que si se declararan podrían generar 1 millón de empleos.
Estas cifras, similares a las obtenidas en el I Informe de Educa-system sobre clases particulares, presentado en 2011, sirvieron de argumento, el pasado mes de junio, para debatiren el Congreso de los Diputados una propuesta presentada por Convergencia i Unió (CiU) para regularizar este sector. La idea de este grupo parlamentario es contemplar desgravaciones fiscales en el IRPF para quienes contraten este tipo de servicios, directamente o a través de empresas homologadas y empujar así a quienes las ofrecen a legalizar su actividad. Estos últimos también podrían beneficiarse de un régimen similar al aplicado ya a otros servicios como el de limpieza doméstica, recientemente regularizado.
Experiencias como la llevada a cabo en Francia, que regularizó estos servicios a través de la Ley Borloo en 2005, demuestran que este sector es una fuente de empleo real, cuya regularización beneficiaría a toda la sociedad:
  • a las familias porque les ofrecería todas las garantías de un servicio profesional regulado además de ventajas fiscales;
  • a los profesores particulares que en la actualidad ejercen su actividad “en negro” ya que les daría la oportunidad de sumar cotización y paro, como indicantambién los sindicatos;
  •  a las empresas del sector porque la legalización aumenta el mercado, como se ha demostrado en el país vecino, donde ha duplicado su facturación pasando de 6.000 a 14.200 millones de euros;
  • y a la sociedad en general, que además de ver menguar su nivel de desempleo, obtendría nuevos ingresos por esta actividad vía impuestos directos e indirectos, además de mejorar los resultados académicos de sus estudiantes;

 

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