Por primera vez la política parece haber prestado atención a las clases particulares, dado su enorme potencial para generar empleo y como paliativo a los altos índices de fracaso escolar. Así lo demuestra una iniciativa de Convergencia i Unió (CiU) presentada recientemente para regularizar el sector de servicios a las personas, entre los cuales se cuentan las clases particulares.
La iniciativa, que por ahora es una Proposición no de Ley se ha presentado en el Congreso de los Diputados y su objetivo es legalizar una actividad que según el último estudio de Educa-system sobre este asunto mueve enormes cantidades de dinero negro al año y por lo tanto de empleo sumergido. De hecho, se calcula que un 93% de las clases particulares contratadas en España no están regularizadas, lo que supone el desembolso de 1.800 millones de euros en negro al año.
La noticia, publicada por El Economista, refleja la opinión de Sebastián Triviere, Director General de Educa-system sobre este tema, que afirma: «a todos nos conviene que prospere esta iniciativa parlamentaria, por un lado, las personas obtienen bonificaciones para un servicio que sin duda necesitan, como clases particulares, asistencia a ancianos o cuidado del hogar. Por otro lado, emergerán miles de empleos que ahora están en economía sumergida, y además esto supondría un espaldarazo para las miles de empresas que trabajamos con profesionalidad en estas actividades».
Para la materialización de esta propuesta, la iniciativa propone bonificaciones en la cotización social o desgravaciones fiscales en el IRPF; que se homologuen empresas preparadas para ofrecer este servicio; y que se utilice como moneda de cambio cheques oficiales, según este diario. «De esta forma, -concluye- se asegura que el dinero invertido por las administraciones en estas bonificaciones se utiliza realmente con el fin adecuado.»

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